La pandemia del COVID-19 llegó a Cuba en un contexto de ausencia de Estado de derecho, déficit de mecanismos de participación ciudadana y la profundización de la crisis económica.

De acuerdo a la Constitución, los derechos están acotados a los objetivos del socialismo, el poder político está monopolizado por el PCC y se impone el socialismo como ideología oficial.

Por lo tanto, la pandemia deja en evidencia una “excepcionalidad” previamente existente, y las autoridades acuden al voluntarismo y el punitivismo para hacerle frente. Muestra de ello es que se registró un incremento de la represión, de las detenciones arbitrarias, el acoso policial y los enjuiciamientos. Todo esto en un marco de indefensión ciudadana, que sufre la incertidumbre legal y del control sobre la información; así como de las restricciones de la función judicial, ya que a través de la Instrucción 248/2020 del Tribunal Supremo Popular, se dispuso no atender nuevas demandas y suspender procesos judiciales en curso, salvo aquellos considerados necesarios o impostergables.

Esto no evitó que, a pesar de dicha suspensión, hayan sido juzgadas cientos de personas por delitos como propagación de epidemia, desobediencia, especulación, acaparamiento y apropiación indebida. Incluso, dentro de las sanciones se han aplicado un número importante de medidas de privación de libertad; dato este que revela la exaltación de lógicas punitivas frente a la pandemia.

Impacto diferenciado de la pandemia

La pandemia ha profundizado y visibilizado las condiciones de vulnerabilidad de la mayoría de la ciudadanía. Por un lado, las personas mayores y con padecimientos crónicos previos son las más vulnerables frente al contagio; por otro, las medidas de prevención epidemiológica más exitosas han implicado la paralización parcial de la economía, la pérdida de empleos no esenciales, la suspensión de clases, y otras que ponen a nuevos grupos en situación de mayor vulnerabilidad, como las familias monoparentales con jefatura femenina, las familias negras y mestizas, obreras, con baja calificación e instrucción, familias residentes en barrios marginales, comunidades en tránsito y, en general, territorios con desventaja social o riesgo.

Esto aunado al impacto específico sobre las mujeres, debido a la feminización de la atención en salud y los cuidados: las mujeres representan 68,8% del personal que labora en el sector de salud y asistencia social, y tienen más de 50 años. También constituyen más del 55% de las brigadas médicas que han partido hacia otros países afectados por el coronavirus; y representan alrededor de 48,4% de las jefas de hogares

*Con información del artículo “Cuba: marco legal, accionar gubernamental e impacto social bajo la coyuntura pandémica” de Johanna Cilano.

Programa:

18:00 hs Argentina

  • Palabras de apertura de Jesús Delgado. Director de Desarrollo Institucional de Transparencia Electoral

18:10 hs

  • Palabras de Johanna Cilano. Investigadora posdoctoral UNAM ENES, León, Co-directora de GAPAL

18:20 hs

  • Palabras de Eloy Viera Cañive. Director legal de El Toque

18:30 hs

  • Palabras de Elaine Acosta. Investigadora asociada del Cuban Researche Institute de la Universidad Internacional de Florida

18:40 hs

  • Sesión de preguntas

18:50 hs

  • Palabras de cierre

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