El Índice de Democracia de The Economist mide la calidad electoral de los países. Noruega lidera el ranking mundial. En nuestra región Costa Rica y Uruguay están al frente. Ocupar estos lugares no es obra de la casualidad. Se trabaja mucho durante mucho tiempo para hacer las cosas bien.

Así cómo algunos países aceptan el desafío del fortalecimiento de la institucionalidad democrática otros toman el camino inverso y han hecho de sus sistemas electorales verdaderas trampas mortales para la ciudadanía. Sobran los ejemplos de gobiernos que han tomado la decisión deliberada de suprimir la noción de voluntad popular. Este Índice de The Economist se aplicó por primera vez en 2006. Venezuela ya se había subido al tren de los populismos autoritarios en 1998. En su primera medición en 2006 ocuparía el puesto 93 entre 167 países. Su clasificación sería la de “régimen hibrido” muy lejos del de la “democracia plena”. Doce años después se hundió al puesto 134 para adquirir la clasificación de “régimen autoritario”.

Los regímenes autoritarios no suprimen a las elecciones, por el contrario, las hacen hasta con solemnidad, pero adquieren otra forma, resultan otra cosa que denomino “fake elections”. Se trata solo de apariencias, de tretas y abusos institucionales que intentan solapar el carácter totalitario de estos gobiernos. Cuba es el ejemplo perfecto en América. Corea del Norte y China son los referentes mundiales en este sentido.

Sobre las “políticas públicas” que el chavismo y el madurismo implementaron para eternizarse en el poder ya se ha escrito mucho en estos días. Hoy estamos ante un marcado consenso acerca del carácter dictatorial del régimen venezolano. La comunidad internacional ha hecho una presión muy atinada que ha respaldo y potenciado a la oposición política local.

Nicolás Maduro se encuentra sobre las cuerdas y producto de ello se está seriamente pensando en las características que tendría el posible escenario de transición.

Hoy el debate político se divide entre los que piden “elecciones libres” y los que asumen los intereses de Maduro y cuadran sus argumentos en las “mesas de negociación” para evitar “derramamientos de sangre” (de los que reclaman elecciones libres, por cierto).

El escenario de las elecciones comienza a tomar forma y por eso debemos preguntarnos qué tipo de elecciones deberían darse. Bien, en primer lugar, debemos insistir con lo planteado al principio. A esta situación de ausencia de Estado de Derecho, de falta de independencia de poderes se llegó luego de muchos años de avasallamiento constante que fueron destruyendo la institucionalidad democrática. Hoy no hay registro electoral confiable, hay más de tres millones de venezolanos en el extranjero y la autoridad electoral, el Consejo Nacional Electoral (CNE), es un apéndice del partido militar. Por lo tanto, no alcanza con una misión de expertos de la ONU para que en estas condiciones de capas y capas solidificadas de abusos institucionales verifiquen un proceso implementado por delegados de Maduro en el CNE.

Las elecciones que necesita Venezuela no pueden estar influenciadas por la lógica del “veto” y la componenda del Consejo de Seguridad de la ONU. No hay margen para el “toma y daca”. Las elecciones de Venezuela tienes que ser libres. Además, deben ser transparentes por lo tanto primero se deberá depurar al CNE, el registro electoral y aplicar tecnología para que puedan votar los venezolanos del éxodo. Todo este arduo proceso que puede llevar unos nueve meses según el especialista Eugenio Martínez deberá contar con el acompañamiento de los organismos internacionales que han mostrado un compromiso con la democracia. En este sentido la Organización de los Estados Americanos, a través de su Departamento para la Cooperación y Observación Electoral o la propia Unión Europea, organización que también cuenta con mucha experiencia en promoción democrática son las que pueden y deben dar garantías de integridad electoral. La Unión Europea ha desplegado misiones de Observación en varios países de la región.

Hacer elecciones a medias, sin apego a los estándares internacionales no sirve. Podrían inclusive traer más problemas. De hecho, lo que precipitó la crisis actual fue la decisión de Maduro de organizar elecciones falsas, una “fake election” en 2018. Hoy la oposición política trazó su ruta de transición en función de este inmenso error político.

En síntesis, las elecciones de la transición no podrán ser una “fake election” más. Deberá apegarse a los estándares internacionales y además contar con estos diez requisitos: 1) nuevas autoridades en el CNE, 2) actualización del registro electoral, 3) garantizar el voto de los venezolanos en el exterior, 4) habilitar a los partidos políticos que fueron ilegalizados por el CNE en 2017 y 2018, 5) restablecer los derechos políticos de los ciudadanos ilegalmente inhabilitados, 6) realizar las auditorías que se aplicaron al sistema de votación automatizado hasta las elecciones 2015, 7) restablecer el número de centros de votación y mesas electorales que se dispusieron en 2015, 8) garantizar la seguridad de los electores, 9) acompañamiento de Misiones Electorales Internacionales, 10) garantías para la Observación Electoral Nacional y la fiscalización partidaria.

Estos son los diez puntos necesarios para realizar las elecciones libres que reclaman los venezolanos y clausurar definitivamente la era de las “fake elections”.

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