Por Leandro Querido. Director ejecutivo de Transparencia Electoral

En la Era Covid-19 las elecciones deben hacerse. Puede haber algún cambio en el cronograma, pero debe establecerse una fecha concreta para su realización y así disipar toda incertidumbre. Claro está que este nuevo escenario debe contar con nuevas respuestas institucionales, con protocolos, que atiendan esta compleja situación.

El 5 de julio en República Dominicana se realizaron las primeras elecciones generales bajo la Era Covid-19. El Mundo Electoral siguió el caso con atención. La Organización de los Estados Americanos (OEA) desplegó una Misión de Observación Electoral y en base a esta experiencia presentó en sociedad la “Guía para Organizar Elecciones en Tiempos de Pandemia”. Un documento de 229 páginas que será material de referencia para las elecciones generales de Bolivia del 6 de septiembre, para las departamentales de Uruguay del 27 de septiembre, para la Plebiscito del 25 de octubre en Chile, las municipales de Brasil del 15 de noviembre y las generales de Estados Unidos a principios de este mismo mes.

También será tenido en cuenta para las elecciones de Ecuador y Perú que se implementarán a principios del año que viene. Y dado que las elecciones se planifican con mucha antelación es importante destacar que también debería ser considerado para las elecciones legislativas de la Argentina. De hecho, la Cámara Nacional Electoral mostró su preocupación en la reciente Acordada Extraordinaria número 33. En este texto planteó que “Tales hipotéticas restricciones, deberán ser contempladas en todos sus aspectos con suficiente antelación a fin de que, en caso de resultar necesario o conveniente, se adopten las medidas de administración electoral más eficaces para mitigarlas, como así también para que puedan considerarse las eventuales adecuaciones procedimentales, reglamentarias e incluso –por parte de las autoridades pertinentes legislativas, a fin garantizar cabalmente el ejercicio de los derechos político-electorales”. A este efecto decidió conformar un Grupo de Trabajo con el objeto de evaluar el posible impacto de la pandemia en el próximo proceso electoral.

Los temores ante este nuevo escenario no son infundados. La experiencia de la República Dominicana dice que se pudo garantizar el distanciamiento social dentro de los centros de votación, pero afuera la situación se tornó caótica. Una imprudencia caracterizada por una gran concentración de personas que habrá que ver si termina disparando los contagios en el país. Además, se registró una caída de los porcentajes de participación relacionada con el temor por parte de muchos electores, sobre todo los que integran los grupos de riesgo.

Ahora bien, ¿cuáles son los puntos centrales de la Guía de la OEA? En primer lugar, la necesidad de “Rediseñar un Plan Nacional de Elecciones” con el objetivo de mitigar y reducir la propagación del coronavirus en las distintas etapas del proceso electoral, con especial atención en la jornada de elecciones. A este efecto resulta necesaria la creación de una “instancia interinstitucional” que funcione como un espacio de trabajo entre el órgano electoral y las instituciones del Estado que cumplen un rol indispensable en la respuesta a la pandemia. Incorporar la perspectiva sanitaria ahora es fundamental. Pero atención: cualquier cambio en el calendario electoral debe estar justificado y se torna entonces necesaria una Comisión de Seguimiento y una instancia de Monitoreo amplía e inclusiva.

Un aspecto a no soslayar es el presupuestario. Las elecciones de le Era Covid-19 son más caras pero la aplicación de estos recursos debe ser más transparente que nunca, no pueden aplicarse en marco de Estado de excepción, de lo contrario las elecciones se tornarían más inequitativas.

Los procesos electorales tradicionales, los que se basan en el “manualismo electoral” (acto presencial del elector ante autoridades de mesa, papeleta, urna de cartón, etc), contienen alrededor de 53 instancias procedimentales, en 29 de ellas hay posibles riesgos de contacto, por lo tanto, focos infecciosos potenciales. Muchas de estas situaciones pueden evitarse incorporando tecnología. Este contexto actual es una oportunidad para desarrollar aplicaciones móviles, sitios web u otras herramientas, que pueden funcionar como centros de consulta del ciudadano, brindar información sobre el proceso electoral y permitir la gestión de trámites ante las instituciones electorales. Por ejemplo, con relación al registro electoral, al registro de organizaciones políticas y candidaturas, impugnaciones y resolución de disputas electorales, al voto en el exterior y a la rendición de cuentas de campañas. Algunos van más allá y argumentan que también debe considerarse la aplicación de tecnología en el instrumento de votación. En este sentido la OEA recomienda un análisis previo que dé cuenta de la capacidad institucional para el desarrollo y ejecución de soluciones tecnológicas. Ello requiere personal idóneo, capacitación, infraestructura informática, recursos financieros, entre otros. Si las condiciones permiten implementar más de una, se debe priorizar aquellas que contribuyan en conjunto a una mayor disminución en los riesgos de contagio.

A la utilización de mamparas de acrílicos, de la desinfección, de los kits sanitarios, de evitar los ambientes cerrados, de elaborar protocolos sanitarios para la distribución y repliegue de los materiales electores, de planes de contingencia en caso de que electores presenten síntomas de Covid-19, o la evaluación de extender las jornadas de votación, votar en más de una jornada, o incorporar más mesas y centros de votación, también debe añadirse la cuestión de la institucionalidad democrática.

Las elecciones no pueden ser una imposición arbitraría sin garantías. El contra ejemplo en este sentido es Venezuela, que estableció una fecha para sus elecciones parlamentarias con una autoridad electoral ilegítima, con la reciente intervención de los partidos políticos de la oposición, en un clima de violencia en ascenso y sin ninguna garantía de integridad electoral.

Este contexto excepcional requiere de mayor compromiso democrático. De consensos amplios y excepcionales acerca de las condiciones y características que deberán tener los procesos electorales que se avecinan.

Por lo tanto, la Guía de la OEA es más que una guía. Es más que una sugerencia. Es el camino por el cual deben transitar inexorablemente los Estados que se reconocen democráticos.

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