El Mapa de Integridad Electoral Argentina es un estudio llevado a cabo por la ONG Transparencia Electoral y apoyado por la Embajada de Suiza en Argentina, que tiene por objeto diagnosticar la calidad de las elecciones y la democracia a nivel subnacional, y formular recomendaciones en base a datos para mejorar la calidad de las elecciones y fortalecer la democracia. 

Se trata de la segunda edición de este trabajo, que evalúa los niveles de integridad electoral por provincia basándose en indicadores agrupados en 3 dimensiones: respuesta institucional, igualdad en el acceso a derechos políticos y competitividad democrática; y que hace uso de 3 categorías para clasificar a las provincias según su integridad electoral: baja, moderada y alta.

El trabajo se presentó este lunes, 18 de octubre en la residencia del Embajador de Suiza, Heinrich Schellenberg, quién ofreció palabras de bienvenida, explicó que la promoción de la democracia es un aspecto importante de la política exterior suiza y después del evento afirmó en Twitter que había sido “un placer” apoyar el proyecto, que calificó de “interesante e informativo”.

En el evento también estuvieron presentes Leandro Querido, Director Ejecutivo de la organización, Jesús Delgado Valery, Director de Desarrollo Institucional, Valentina Cuevas, Coordinadora de Programas de Promoción Democrática, y la Dra. Alejandra Lázzaro, jueza y experta en derecho electoral con amplia trayectoria en la Cámara Nacional Electoral.

El estudio encontró que de 2019 a 2021, la proporción de electores empadronados que reside en distritos de integridad moderada aumentó de 45,2% a 65,2%, reduciendo así de 38,2% a 19,3% el porcentaje de electores que residen en distritos de alta integridad. “Esto denota un retroceso preocupante”, explicó Leandro Querido, Director Ejecutivo de Transparencia Electoral, “dado que habla de un deterioro generalizado de las condiciones electorales a nivel federal”.

Eduardo Repilloza Fernández, Coordinador de Tecnología y Análisis de Datos en Transparencia Electoral y responsable de la investigación, aseguró durante la presentación de los hallazgos del trabajo que “los niveles de satisfacción con la democracia como sistema político en Argentina han caído constantemente desde 1995 hasta 2020, cuando más del 40% de los argentinos encuestados por Latinobarómetro declararon ser indiferentes o estar insatisfechos con este”, y que es justamente este problema el que se busca enfrentar trabajando en base a lo identificado por el Mapa de Integridad Electoral.

La mayoría de las provincias mantuvo los niveles de integridad con respecto a la primera edición, pero se dieron cambios en las condiciones de 7 distritos. Las únicas 2 provincias que mejoraron sus condiciones fueron Corrientes y Neuquén, mientras que 5 provincias marcaron un retroceso: Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos pasaron de alta integridad a moderada, y Catamarca y San Juan, fueron degradadas de provincias con integridad moderada a baja.

Mendoza, Chubut, Rio Negro, Capital Federal, Chaco y Tierra del Fuego mantuvieron niveles altos de integridad; mientras que La Rioja, Santiago del Estero, Formosa, Santa Cruz, Misiones, San Luis y Tucumán siguen siendo considerados distritos de baja integridad electoral.

El monitoreo de las denuncias en medios de comunicación de las elecciones de 2015 y 2019 determinó que las denuncias más comunes responden a la naturaleza del instrumento de votación. En conjunto, el robo de boletas y las boletas apócrifas fueron las irregularidades más reportadas, 15,6% en 2019 y 17,34% en 2015.

El estudio nota también una falta importante en materia de acceso a la información. No hay datos sistematizados, disponibles y abiertos sobre denuncias realizadas por proceso electoral, categoría, denunciante o distrito o sobre la ausencia de autoridades por mesa, sección o distrito. Según la ONG, esta información es vital para las organizaciones políticas y de la sociedad civil que fiscalizan los procesos electorales, y debe hacerse disponible.

Como novedad para esta edición, la metodología incluye la evaluación de la participación de la mujer en poderes legislativos provinciales y la legislación de paridad de género, indicadores considerados por el estudio como indispensables para evaluar y mejorar la calidad democrática a nivel subnacional. Por eso, en el marco de este proyecto el Observatorio de Mujeres y Política de Transparencia Electoral también llevó a cabo Seminarios de Formación para Mujeres Referentes y Candidatas con la participación de mujeres líderes de toda la Argentina, pero sobre todo de aquellos distritos identificados por esta investigación como de baja integridad electoral.

En cuanto al tema género, el estudio describe la situación a nivel federal para luego pasar al ámbito provincial. Para las PASO 2021, las listas finales a cargos nacionales fueron encabezadas en su gran mayoría por hombres: 193 de las 280 por hombres y 87 por mujeres, para una relación 68,92% – 31,07%. Aunque la proporción de diputadas en el Congreso Nacional se mantiene por debajo del 50%, la tendencia histórica favorable indica que una composición paritaria de las cámaras podría alcanzarse dentro de pocos períodos electorales.

Los dos indicadores relacionados con el tema género que fueron efectivamente factorizados para el índice final de integridad fueron el tipo de paridad vigente por provincia y la composición de los períodos previo y actual de cada una de las legislaturas provinciales. En lo que respecta a la composición de la Cámara Baja, al comparar los últimos dos períodos de cada legislatura se nota un crecimiento porcentual en la mayoría de las provincias. Entre las provincias con mayor aumento en proporción de mujeres encontramos a Neuquén (17,14), San Luis (16,67), Santa Fe (12) y Chubut (11,1).

En el caso de Santa Cruz, que cuenta con ley de paridad y donde la gobernación la detenta una mujer, apenas un 21% de los curules en la legislatura son ocupados por mujeres. Mientras que en Tucumán, San Juan y La Rioja, todas provincias con cupo femenino de 30%, la proporción de diputadas en la legislatura es de 22%, 19% y 17% respectivamente.

El acceso de las mujeres a la participación política

Valentina Cuevas, Coordinadora del Observatorio de Mujeres y Política de la ONG y responsable del programa de capacitación, aseguró que es importante que, así como hace el estudio, “los datos sobre participación de la mujer en política sean interpretados en contraste con otros indicadores, dado que el dato en sí mismo requiere contexto”.

Durante los seminarios, se discutió acerca de las barreras a las que las mujeres se enfrentan al momento de ingresar y permanecer en la actividad política, a pesar de contar con una legislación nacional de paridad desde el año 2019 y haberse incluido a la “violencia política” como una de las formas de violencia contempladas en la Ley Nº 26.485 sobre Violencia de Género.

Cuevas argumentó que es en los procesos en los que los partidos políticos deciden las candidaturas donde más prevalecen las instituciones informales profundamente arraigadas, y que permiten que se perpetúen mecanismos arbitrarios en los que los hombres son los que tienen la última palabra. Además, la subrepresentación de las mujeres durante la campaña electoral, donde ejercen roles organizativos, también generan un desincentivo a la participación.

“Después está la carga cultural y simbólica en la violencia política contra las mujeres, con la que conviven en todos los ámbitos de sus vidas, y se cuestiona su liderazgo en temas como la sensibilidad, la maternidad, su aspecto físico, sus carreras previas a constituirse como candidatas, etc.”, aseguró Valentina Cuevas, que también hizo referencia al acceso desigual a recursos de las campañas, fundamentalmente los económicos, haciendo mención específicamente a la figura de “los techos de billetes”. Un término que habla del acceso limitado al financiamiento, dado que las mujeres reciben menos dinero para hacer sus campañas aunque encabecen las listas.

El informe completo está disponible en la página web de Transparencia Electoral. 

 

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