Este martes se celebró una reunión especial del Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos para darle seguimiento a la situación de Venezuela.

Leandro Querido, Director Ejecutivo de Transparencia Electoral, fue convocado como expositor por las Delegaciones de Colombia, Brasil y Estados Unidos, junto a Marta Valiña, Francisco Cox y Paul Seils, miembros de la Misión Internacional Independiente de Determinación de Hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela de la ONU, y Eugenio Martínez, periodista y experto electoral y representante de diversas organizaciones que monitorean los comicios en Venezuela.

Posteriormente se expresaron al respecto los y las Representantes Permanentes ante la Organización de los Estados Americanos (OEA).

Querido empezó haciendo un recuento de la forma en la que se han celebrado las elecciones en los últimos 20 años en Venezuela, y aseguró que a partir del desconocimiento de los resultados de la elección legislativa de 2015, se dio un tránsito de un autoritarismo competitivo a un autoritarismo cerrado.

Indicó que para que unas elecciones sean íntegras, de acuerdo a la Comisión Global sobre Elecciones, Democracia y Seguridad en su informe de 2012, se debe contar con una Estado de Derecho, Organismos Electorales profesionales e independientes, garantías para la competencia multipartidaria, regulación del financiamiento político y garantías para la participación universal e igualitaria.

Lamentablemente que todos estos principios sean vulnerados sistemáticamente por el Gobierno de Nicolás Maduro para obturar la participación política y electoral, y evitar de esta manera un cambio político.

Querido recordó que para esta elección “por quinta vez en las últimas dos décadas la directiva del CNE ha sido nombrada por el Tribunal Supremo de Justicia, totalmente controlado por el Ejecutivo, violando abiertamente la Constitución”.

Aunado a esto, se ha impedido la participación política de ciudadanos a través de inhabilitaciones, y se han intervenido judicialmente las principales organizaciones políticas opositoras, para entregarlas a colaboradores de Maduro.

Otro de los temas mencionados por Querido fue la eliminación del voto directo a las comunidades indígenas, irregularidad que no solo contraviene la Constitución Nacional, sino también la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Carta Democrática Interamericana.

También lo referente a la decisión del CNE de incrementar el número de diputados en un 66%, acción inconstitucional y que usurpa las competencias de la Asamblea Nacional.

Finalmente, se refirió a la falta de certidumbre en cuanto al sistema automatizado que se usará para los comicios. A menos de 70 días para las elecciones, las organizaciones políticas no conocen el hardware y el software que se usará, y la auditoría que correspondía realizarse el 5 de octubre ha sido pospuesta, revelando también el incumplimiento del cronograma electoral en distintas actividades.

Finalmente, consideró que para que se celebren elecciones verdaderamente libres e íntegras en Venezuela, hace falta que la Asamblea Nacional electa en 2015 designe a los rectores del Consejo Nacional Electoral, se restituyan las directivas legítimas de los partidos políticos intervenidos por el TSJ, queden sin efectos las inhabilitaciones que pesan sobre los líderes opositores, liberen a todos los presos políticos, se respete lo que establece la Constitución sobre el número de diputados que deben ser electos de acuerdo al criterio poblacional, así como la fórmula de proporcionalidad, se facilite la inscripción y actualización en el registro electoral en Venezuela y en el exterior, se garantice y facilite el voto de los venezolanos en el exterior, se seleccione y capacite oportunamente a los miembros de los Organismos Electorales Subalternos, se realicen todas las auditorías al sistema de votación automatizado, y se garanticen las condiciones para la observación electoral nacional y la internacional, de acuerdo a los estándares establecidos en la Carta Democrática Interamericana y en la Declaración de Principios para la Observación Internacional de Elecciones.

 

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