Imagen extraída de la web de RTVE

En América latina la pandemia ha impactado de manera contundente. De acuerdo a la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), la región vivió su mayor caída de Producto Interior Bruto (-7.7%) en más de un siglo. Los obstáculos a la circulación, las restricciones de movilidad y la disminución del comercio externo han dejado un tendal de nuevos desocupados. A esta situación debe agregársele las medidas de excepción que han tomado algunos gobiernos y que han traído como consecuencia la violación de derechos humanos, instancias repudiables que fueron documentadas por organizaciones de la sociedad civil nacionales e internacionales.

En el punto que hace foco el trabajo de nuestra organización podemos decir que las elecciones previstas para el calendario 2020 se han realizado con una nueva y necesaria perspectiva sanitaria. De esta manera, se pudieron celebrar con la implementación de protocolos sanitarios las elecciones (a nivel nacional y subnacional) de Brasil, Uruguay, Chile, República Dominicana, México, Guyana, Bolivia o Colombia (atípicas).

Lamentablemente al margen de esta situación estuvo la elección de Venezuela, sin garantías de integridad y cuyos resultados han sido desconocidos por la comunidad internacional.

Durante este 2021 están pautadas elecciones en Ecuador, El Salvador, Bolivia, Chile, Perú, México, Argentina, Paraguay, Nicaragua y Honduras.

Desde Transparencia Electoral instamos a los gobiernos, las autoridades electorales y los partidos políticos a considerar la Guía de la OEA para realizar elecciones en contextos pandémicos, un documento ineludible para reducir riesgos sanitarios en el proceso electoral.

Planes de vacunación

Los gobiernos de la región se encuentran planificando los operativos de vacunación. Es fundamental que prevalezca el criterio técnico – sanitario, y que no se politicen, ni mucho menos se partidicen. La experiencia internacional ha demostrado que las decisiones sanitarias, como los recintos adecuados para la aplicación de la vacuna y la selección del personal logístico deben recaer sobre expertos calificados. Discriminar a la ciudadanía por su pertenencia política o ideológica representaría un acto de discriminación inaceptable y susceptible de acciones judiciales y planteos y reclamos de carácter internacional.

La utilización de organizaciones para estatales o abiertamente partidistas deben mantenerse al margen de los planes de vacunación para que no haya sospechas de utilización política partidaria de la pandemia, sobre todo en los países que tendrán elecciones este año.

Las denuncias recibidas sobre este aspecto en algunos países de la región como Argentina, Bolivia y México son preocupantes y podrían impactar en los procesos electorales que tienen previstos para este año.

Los canales institucionales vinculados con las áreas de salud son los pertinentes para implementar planes de vacunación. El acceso a la información también es fundamental dado que evita la arbitrariedad y la discrecionalidad en la distribución de las vacunas.

Politizar los planes de vacunación es una actitud antidemocrática que se enmarca en la cultura política autoritaria y en el ventajismo electoral. La salud de las y los ciudadanos de América latina no puede depender de la pertenencia a un determinado partido o grupo ideológico.

Transparencia Electoral insta a todos los gobiernos en general, y a los que realizaran elecciones en particular, a no distorsionar sus procesos electivos, a no tomar ventaja a partir de las necesidades en materia de salud de las ciudadanas y ciudadanos con fines partidarios.

Asimismo, emplazamos a los candidatos que se presentan a los procesos electorales a no usar los planes de vacunación como ofertas políticas partidarias, más aun en el contexto de incertidumbre sobre la capacidad de producción y la distribución.

En este sentido, resaltamos la decisión del Instituto Nacional Electoral de México, validada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, de sacar del aire el spot de “campaña COVID” del partido MORENA, por generar perspectivas equivocadas en la ciudadanía.

Transparencia Electoral apela a la responsabilidad social de los gobiernos y sus funcionarios para que traten a sus ciudadanas y ciudadanos en un plano de igualdad, la salud es un derecho que no depende de las pertenencias partidarias o ideológicas de las personas.

 


 

Los siguientes miembros del Consejo Asesor de Transparencia Electoral adhieren este comunicado:

Santiago Leiras: Licenciado en Ciencia Política por la Universidad de Buenos Aires-Argentina (UBA), Diploma de Estudios Avanzados y Doctor en América Latina contemporánea por el Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset de Madrid-España (IUOG). Profesor Asociado Regular de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y Profesor Asociado de la Universidad de Belgrano (UB). Autor de más de treinta trabajos sobre su especialidad.

 

Jaime Talancón: Abogado electoral y constitucionalista, especialista en temas de gobernabilidad y justicia. En el servicio público mexicano se ha desempeñado como Director General del Consejo de Seguridad Nacional; Director de Análisis Político de la Presidencia de la República; asesor en la Secretaría de Gobernación; asesor del Instituto Nacional Electoral; Secretario Técnico en el Tribunal Electoral; Coordinador de la Oficina del Abogado General de la UNAM; asesor en la Cámara de Diputados y Subdirector de Derechos Humanos de la Secretaría de Seguridad Pública. Ha asesorado a gobiernos y partidos políticos en mejores prácticas, y ha sido observador y consultor internacional de la OEA en diversos países, así como del Instituto Internacional para la Democracia y Asistencia Electoral.

 

Eugenio Martínez: Es comunicador social especializado en análisis de temas electorales y políticos. Como periodista dio cobertura a las 23 elecciones en Venezuela celebradas en venezuela entre 1998 y 2015. Integrante del proyecto Integridad Electoral Venezuela desarrollado por el Centro de Estudios Políticos de la Universidad Católica Andrés Bello fue parte de la Misión de Estudio conjunta entre la UCAB e IDEA-internacional desplegada en 2015 para las elecciones parlamentarias de ese año. En 2014 fue propuesto como rector del Consejo Nacional Electoral (CNE).

 

Paula Gomes: Doctora en Relaciones Internacionales por la Universidad de Brasilia (UnB). Ha trabajado como asistente de investigación en el Observatorio Político Suramericano (OPSA-IESP/UERJ), como colaboradora del Centro de Estrategia, Inteligencia y Relaciones Internacionales (Ceiri Newspaper) y como participante del Think Tank: Challenging Democracy, de la Asociación Internacional de Estudiantes de Ciencias Políticas (IAPSS). Actualmente realiza investigación en el Instituto de Investigación Económica Aplicada (Ipea), en Brasilia. Ya participó como observadora internacional de elecciones con la Organización de Estados Americanos (OEA). Desarolló tesis de doctorado en el tema de la buena gobernanza electoral.

 

José María Paz: Licenciado en Ciencias Políticas y Gestión Pública por la Universidad Central de Chile (Santiago) y Máster en Estudios Políticos Aplicados de la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas (Madrid España). Fue Representante del Centro Carter en Bolivia, trabajó para el Instituto Nacional Demócrata (NDI), el Instituto Republicano Internacional (IRI) y para los proyectos “Iniciativas Democráticas” y “Compañeros de las Américas” de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID). En el sector público de su país trabajó para el Defensor del Pueblo, la Corte Nacional Electoral y la Alcaldía de La Paz. Actualmente es Secretario Técnico de la alianza de organizaciones de la sociedad civil, “La Ruta de la Democracia” y es vicepresidente de la Asociación Boliviana de Ciencia Política. Ha publicado varios artículos de opinión en medios nacionales e internacionales.
Manuel Cuesta Morua: Licenciado en Historia en la Universidad de La Habana en 1986 en la especialidad de Historia Contemporánea, en historia de Asia. Ha realizado posgrados en politología, economía, relaciones internacionales y antropología. Cofundador de la plataforma regional Solidaridad Democrática Latinoamericana. Ha escrito numerosos ensayos y publicado en varias revistas cubanas y extranjeras. Una selección de sus textos fue reunida en el libro Ensayos progresistas desde Cuba (CADAL, 2015). Miembro de la Asociación de Estudios Latinoamericanos (LASA por sus siglas en inglés) con sede en la Universidad de Pittsburg, Estados Unidos. En diciembre de 2016 obtuvo el Premio Ion Ratiu, otorgado por el Woodrow Wilson Center.

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