Como hemos visto a lo largo del último año, la pandemia ha obligado a los gobiernos a tomar medidas que les permitan contrarrestar los efectos del COVID-19. En el caso de Cuba, el contexto pre pandemia ya presentaba una ausencia de Estado de derecho, déficit de mecanismos de participación ciudadana y la profundización de la crisis económica. De acuerdo a la Constitución, los derechos están acotados a los objetivos del socialismo, el poder político está monopolizado por el PCC y se impone el socialismo como ideología oficial.

En el marco de la presentación del libro “COVID-19, Estado de Derecho y procesos electorales en Latinoamérica”, Transparencia Electoral ha convocado a especialistas para realizar un análisis sobre el margen de legalidad y el impacto social que han tenido las medidas tomadas por el régimen cubano. En esta oportunidad contamos con la participación de Johanna CilanoInvestigadora posdoctoral UNAM ENES, León. Co- directora GAPAC y autora del capítulo “Cuba: marco legal, accionar gubernamental e impacto social bajo la coyuntura pandémica” de esta obra; Eloy Viera CañiveDirector legal de El Toque; y Elaine AcostaInvestigadora asociada, Cuban Research Institute Florida International University.

Para comenzar, Johanna Cilano ha retomado algunas ideas claves que han planteado en el libro, partiendo de que «Cuba no escapa a la pulsación autoritaria que en general han tenido todos los gobiernos a la hora de tomar medidas relacionadas con el Covid-19 y tratar de acotar los impactos de la pandemia en las sociedades» distinguiendo en Cuba un contexto en que esas medidas son aplicadas, donde por ejemplo las decisiones no son tomadas por las autoridades correspondientes. 

Además de no haberse declarado el Estado de Excepción, otro pilar de este análisis está relacionado sobre cómo se han comunicado cada una de las medidas. La autora asegura que muchas de estas medidas fueron transmitidas a través del programa de televisión Mesa Redonda, «algunas medidas no aparecieron nunca en la Gaceta Oficial, sin embargo se estaban imponiendo sanciones a ciudadanos, se estaban limitando derechos sin que hubiera un documento legal». Del mismo modo, explica que se encontraba sin funcionar cualquier órgano que pudiera poner en duda la legalidad de dichas medidas.

Por último, en comparación con los antecedentes de otros países que han podido manifestarse frente a las restricciones que perjudicaban el ejercicio pleno de los derechos, planteó que en Cuba «no tenemos un contexto preexistente a la pandemia que permita un ejercicio ciudadano de reclamo de derechos y por lo tanto de reivindicación de derechos» en vista que la pandemia permitió reforzar la represión a todo tipo de manifestación. 

En coincidencia con lo planteado anteriormente, Eloy Viera retomó esta idea principal de que «la pandemia, políticamente, le ha venido como anillo al dedo al gobierno cubano, porque ha demostrado su esencia autoritaria» abriendo camino para la toma de una serie de medidas que le permitieron ampliar este tipo de prácticas. 

Siguiendo esta línea, también recuerda que “en diciembre del 2020 la Asamblea Nacional del Poder Popular debió haber promulgado una ley que iba a introducir por primera vez la posibilidad de que los ciudadanos pudiesen presentar procesos de amparos” que llegado el caso, de haberse promulgado en tiempo y forma, podría haber garantizado una ampliación de derechos. 

Para finalizar también destacó que «el gobierno cubano no entiende al Derecho como un mecanismo para instrumentar las decisiones gubernamentales» por ejemplo, en relación al Covid-19, muchas de las medidas fueron comunicadas por conferencia de prensa sin que las mismas sean instrumentalizadas. 

Girando la mirada sobre el impacto sobre las condiciones de vulnerabilidad de gran parte de la ciudadanía, Elaine ha focalizado su presentación en aspectos sociales que se han profundizado a raíz de la pandemia. Señaló que “hay un contexto de una disminución de la participación del Estado en términos de recursos para hacerle frente al conjunto de problemas sociales que han ido aumentando y diversificándose”. 

Ante la ausencia del Estado, resalta que muchas de esas tareas han recaído sobre las familias. En un marco de crisis económica y social, agrega que “en el contexto de la pandemia, el escenario ha sido bastante complejo para que las familias puedan hacer frente a ciertos desafíos».

Para concluir, en relación a la planificación de medidas adoptadas por el gobierno cubano afirma que «efectivamente, como esperábamos, lo social está muy subordinado en el diseño de estrategias del gobierno cubano» cuando debido a las circunstancias que se viven, deberían ocupar un lugar prioritario en la agenda de gobierno ya que «Las condiciones de vida, en general, en Cuba son más complicadas que en el resto de la región». 

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