17 de noviembre de 2021

Transparencia Electoral ha tomado conocimiento de la impugnación de algunas mesas en el departamento de Castro Barros de la provincia de La Rioja por la aparición de boletas marcadas con objetivos distintos a la emisión exclusiva del voto. Nuestra organización ha investigado de forma independiente la información que circula en redes sociales, donde se muestran boletas de la organización política Frente de Todos que fueron marcadas con números sucesivos, claramente visibles y escritos sobre la boleta partidaria sin afectar de ninguna manera el número o nombre de la lista, la categoría a elegir o el nombre de los candidatos. Esto último refuerza la suposición de que la forma de marcar las boletas fue instruida al elector para buscar bajo interpretación interesada la validez del voto y conseguir otro objetivo ajeno a la emisión independiente del sufragio, todo en detrimento del carácter libre y secreto del voto.

La Dirección Nacional Electoral establece que los votos nulos son aquellos emitidos mediante “boletas oficializadas que contienen inscripciones y/o leyendas de cualquier tipo, salvo en los casos de tachaduras, agregados o sustituciones”, supuesto bajo el cual los votos marcados en el caso en cuestión son objeto de nulidad.

Transparencia Electoral ha seguido con preocupación estos últimos años la institucionalización de la práctica de compra de votos en distritos que nuestro trabajo ha catalogado como de baja integridad electoral, como es el caso de La Rioja, y considera que la Junta Electoral debe atender esta denuncia como lo que claramente representa para la calidad de la democracia argentina.

Considerando que todas las fuerzas políticas comprenden que los votos en juego son determinantes para la asignación definitiva de las bancas a repartir en la provincia de La Rioja, lo cual agrega un claro elemento de tensión, y que el escrutinio definitivo se lleva adelante en estas horas, instamos a todas las partes a que prive la cordura y el juego limpio electoral, y hacemos un llamado a la Junta Electoral, a que garantice la transparencia del proceso y haga respetar la independencia del Poder Judicial en el ejercicio de su competencia exclusiva sobre el escrutinio definitivo, sin la intervención del Poder Ejecutivo federal o provincial.

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