El pasado lunes 18 de diciembre, en el marco del tratamiento legislativo y la aprobación de la reforma previsional, fuimos testigos de cómo un grupo de personas notoriamente identificadas con determinadas organizaciones políticas, acudieron a la Plaza del Congreso y causaron destrozos al patrimonio público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, así como de privados, que presenciaron cómo destruían sus comercios o bienes sin poder defenderse, todo esto a plena luz del día.

Lo primero que debemos decir es que no se trató de una movilización espontánea. Quedó registrado cómo las autoridades o referentes de estos partidos políticos, desde el jueves anterior (en la sesión en que se discutió la reforma), hicieron llamados reiterados a estos grupos para que acudieran al Congreso con la intención de interrumpir y suspender la sesión, cosa que finalmente sucedió aquel día.

Como si no fuera suficiente impedir el correcto funcionamiento de las actividades del Poder Legislativo, estos grupos causaron destrozos en los alrededores del Congreso y las reparaciones de los mismos ascienden, según el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a más de 37 millones de pesos.

Además, según el Ministerio de Ambiente y Espacio Público, los vándalos también destrozaron las glorietas, lo que representa un atentado contra un material histórico de la plaza, ya que, a juicio de su titular, Eduardo Macchiavelli, “no se va a poder recuperar porque estaba hecho en mármol de Carrara de más de 100 años”.

Horacio Rodríguez Larreta, Jefe de Gobierno de la CABA, a través de la Procuración de la Ciudad, ha iniciado acciones “penales y civiles a las organizaciones que movilizaron, organizaron y estuvieron involucradas en los disturbios del otro día para cobrarle los arreglos”. Esto con el fin de que no sean los contribuyentes los que tengan que reparar los daños causados por estos grupos.

Desde Transparencia Electoral reivindicamos el derecho a protesta de la ciudadanía en democracia. Sin embargo, los incidentes mencionados nada tienen que ver con el mismo. En este sentido, repudiamos la violencia política instrumentada de modo irresponsable por organizaciones políticas que no demuestran ningún compromiso con las instituciones de la democracia y las reglas básicas de convivencia, respeto y tolerancia.

Es por ello que consideramos que la Dirección Nacional Electoral (DINE) debería tomar cartas en el asunto y establecer los mecanismos para que los partidos políticos involucrados en los actos vandálicos puedan resarcir a la ciudad de manera que no sean los contribuyentes los que paguen las consecuencias de los actos de unos pocos.

Recordemos que la Ley de Financiamiento de Partidos Políticos (Ley 26.215) establece que el Estado “garantizará el normal funcionamiento de los partidos políticos reconocidos” mediante aportes del Fondo Partidario Permanente. El 20% del mencionado fondo se distribuye de forma igualitaria entre todos los partidos reconocidos, mientras que el restante 80% se distribuye proporcionalmente según la cantidad de votos que cada partido obtenga en la última elección de diputados nacionales (Art. 9).

Además del Fondo Partidario Permanente, las organizaciones políticas reciben financiamiento para encarar las campañas electorales. De los fondos asignados para este fin, el 50% se reparte de manera igualitaria entre los partidos y alianzas que hayan oficializado listas de candidatos para la elección de cargos públicos nacionales.

Es decir, el Estado garantiza la existencia y participación de los partidos políticos, de manera que todas las voces cuenten con oportunidades acceder a los cargos de elección pública. De hecho, estos partidos cuyos líderes llamaron a interrumpir las sesiones legislativas, están representados en el Congreso; y desde allí, convocaron a sus seguidores para que impidieran su correcto funcionamiento.

Desde Transparencia Electoral consideramos que los contribuyentes de la Ciudad de Buenos Aires no son los responsables de pagar las reparaciones por los actos vandálicos causados por los seguidores y dirigentes de estos partidos políticos. Por ello instamos a la Dirección Nacional Electoral a que considere de qué manera los fondos que se le adjudican a las organizaciones políticas que están involucradas en estos actos, y que se asignan a través del Fondo Partidario Permanente, de los recursos para las campañas, así como aquellos que se destinan a darles espacios en radio y televisión, pueden destinarse a la reparación de estos destrozos.

Consideramos a la democracia como un bien colectivo, valioso y precario. Por lo tanto, entendemos que ante estos hechos que conmocionaron a la opinión pública, las autoridades gubernamentales no deben permanecer indiferentes; por el contrario, se deben tomar acciones concretas que contribuyan a reducir la violencia política, más aún cuando se trata de un área como la Dirección Nacional Electoral que entiende en la materia y tiene un vínculo predilecto e institucional con los partidos políticos.

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